Amplias facultades al ministerio de Seguridad, creación de un centro de análisis de información penitenciaria, de un consejo consultivo por la seguridad; convocatoria al servicio activo de policías en situación de retiro; programa de emergencia con aporte inicial del Tesoro de 6 mil millones de pesos; otro de fortalecimiento de áreas investigativas con 1.300 millones de Tesoro Nacional incluyendo la creación de 300 cargos para el MPA y el Organismo de Investigaciones; un mecanismo de mandas judiciales y formación de una comisión para fortalecer y modernizar el Servicio Penitenciario. Estos son algunos de los ejes incluidos durante el pase por las comisiones de la Cámara de Diputados al mensaje del Poder Ejecutivo para declarar la emergencia en seguridad pública y servicio penitenciario. Con estas inclusiones fue votado por unanimidad el último jueves. Ahora, moneda en el aire.
A ocho meses del final de mandato, la Legislatura no definió aún otorgarle una herramienta especial que requirió el gobernador Omar Perotti a mediados de enero. Ambas cámaras avanzaron mucho más que la propuesta del Ejecutivo que requirió el instrumento sin utilizar la posibilidad de prórroga que tuvo a fines de 2022. Sorprendió la decisión de enviar ese mensaje en pleno receso legislativo. No todos los integrantes del gabinete compartieron, ni comparten, la decisión.
«Solicitamos una herramienta para gestionar hasta diciembre y nos contestan con un programa de gobierno en Seguridad que nos enaltece porque dan por perdida la mayoría legislativa a partir de diciembre» dijo un integrante del gabinete de Perotti en alusión a radicales y socialistas que trabajaron arduamente en la elaboración de ese dictamen.
El Senado -con mayoría justicialista- se tomó todo febrero y el último día de marzo votó el mensaje incluyendo varios artículos mientras que la minoría radical presentó un dictamen propio que es la base del texto votado el último jueves en Diputados.
En la Casa Gris ya estaban disgustados con el dictamen de la Comisión de Seguridad de Diputados pero no salían de la sorpresa por los agregados realizados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. «Para lograr consensos internos siguen agregando artículos» se quejaba un vocero del Ejecutivo cuando conoció el dictamen a votar.
La decisión de fijar fondos presupuestarios para dos programas y la creación de cargos obligó al paso del tema por la Comisión de Presupuesto. En el recinto, hubo votación unánime y el justicialismo sólo objetó que la emergencia sea hasta 2025 con posibilidad de extenderla un año más, es decir casi la tercera parte del mandato del próximo gobierno.
No hubo discursos en la Cámara Baja y el Senado optó por levantar la sesión, sin declaraciones públicas ni peleas. El justicialismo sabe que puede insistir con su dictamen pero también admite que hoy no tiene los dos tercios para imponer el criterio al final del camino que establece la Constitución para la sanción de leyes en la provincia.
El gobernador Omar Perotti pidió públicamente la sanción de la norma y ahora se encuentra en la encerrona de esperar en mayo la sanción de un amplio proyecto que obligará al veto de varios artículos, en medio de la campaña electoral y cuando el tema seguridad está en el centro del escenario.
«El dictamen de Diputados es el programa de gobierno en materia de seguridad» admitieron radicales y socialistas que -con precandidatos propios- competirán dentro del nuevo frente electoral.
En la semana, entre el Senado y el Ejecutivo discutirán la estrategia para la última semana del período de Extraordinarias. La oposición entiende que debe iniciarse una transición en un tema caliente y ofrece herramientas que empezará a utilizar la gestión de Claudio Brilloni y que tendrá a disposición el que gane en septiembre. También el proyecto trata de apuntalar la gestión que en horas más iniciará María Cecilia Vranicich como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, tras el respaldo unánime de la Asamblea Legislativa.
