Entre los interesados, se registran personas oriundas del interior de la provincia pero también de otras jurisdicciones como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y hasta Chubut. En esta ocasión se rematan cuatro inmuebles y once vehículos.
Casi doscientas personas se inscribieron para participar de una nueva subasta de bienes secuestrados y decomisados al delito en la provincia. Muchas veces, esos ilícitos están asociados de manera directa o indirecta al narcotráfico, puesto que las propiedades son administradas a través de testaferros.
El remate se llevará a cabo este martes en el Colegio de Martilleros de la ciudad de Rosario. En esta ocasión, los lotes a subastar están compuestos por once rodados, entre los que se cuentan desde motos y automóviles hasta camiones; y cuatro inmuebles.
Según precisó a El Litoral el titular de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), Juan Facundo Besson, los interesados que se anotaron para el evento fueron 195. El funcionario reparó en que muchos de ellos son oriundos de diferentes localidades del interior de la provincia y ciudad de Santa Fe. Sin embargo, también hay inscriptos procedentes de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y hasta Chubut.
Respecto de la cantidad de personas registradas, el funcionario consideró que se encuentra dentro de los parámetros habituales y de los niveles «promedio» de participación, con la salvedad de que al momento de la subasta, el número de las personas que asiste de manera presencial, termina siendo significativamente menor que el de interesados anotados.
Valores
En los días previos a la subasta y durante la habitual «exhibición» de bienes, unas treinta personas participaron de dicha instancia cuando se trató de «mostrar» los rodados. En cambio, un pequeño puñado de interesados – entre cinco y seis- asistieron para verificar los inmuebles. El número fue igualmente valorado por los funcionarios responsables de organizar el evento. Es que suelen ser éstas las propiedades que generan más recelo a la hora de la subasta por el valor simbólico indeleble que conllevan teniendo en cuenta su origen. Por esa causal, las primeras subastas de inmuebles quedaron desiertas. Las últimas, en cambio, contaron con interesados de diferentes puntos del país que terminaron comprando las propiedades a precios que se ubicaban muy por debajo de los valores de mercado. «Ya hemos vendido dos inmuebles en subastas anteriores, y no ha habido ningún tipo de represalia», tranquilizó Besson.
En esta ocasión, los inmuebles están ubicados en un barrio cerrado de Funes, otro en Roldán y dos en la ciudad de Rosario. Un departamento de dos habitaciones, cocheras y baulera en un condominio del norte de Rosario es la propiedad cuyo valor de base es el más elevado de todos los bienes a rematar: 49 millones de pesos. El monto global de los lotes a subastar teniendo en cuenta los valores base es de 124 millones de pesos.
Destino
¿Puede el estado otorgar otro destino a estos bienes para evitar que un particular cierre un ‘buen negocio’ a partir de propiedades salpicadas por el narcotráfico? Ante la consulta, Besson admitió que se evaluaron los posibles fines públicos de estas propiedades, pero explicó que en el caso de los inmuebles a subastar en esta ocasión, por sus características, se desestimó esa posibilidad. «Lo evaluamos – dijo-. Pero por las características de estos inmuebles que en algunos casos están ubicados en barrios cerrados o semi cerrados, la chance de afectarlos a un uso público se dificulta. Poder establecer ahí alguna oficina pública – continuó- es muy dificultoso por la propia arquitectura del lugar. Por eso la decisión ha sido tomar esta vía y siempre antes de una subasta, hacemos estos estudios y análisis previos».
En cambio, admitió que sí fueron asignados para uso público varios rodados. «Desde 2020 hemos asignado a las fuerzas de seguridad más de 54 unidades móviles, ya sea motovehículos, pick-ups y automóviles, que son utilizados para tareas de investigación y en territorio. También hemos destinado a otros a municipios y comunas; y a otras reparticiones como Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Gobierno», graficó.
