El juez sostuvo que «estaba únicamente en cabeza de él evitar estos resultados». La mujer herida declaró, y contó que la niña continúa grave
El dueño de los dos pitbull que atacaron a una mujer y su pequeña nieta en barrio Santa Rosa de Lima quedó en prisión preventiva. Así lo dispuso el juez Gustavo Urdiales, tras considerar que existe responsabilidad penal y que hay riesgo de entorpecimiento probatorio.
Cristian Ariel Soloaga (45) permanecerá tras las rejas, imputado como autor de «lesiones graves» y «lesiones gravísimas». La medida fue solicitada por el fiscal Omar de Pedro, y consentida por los abogados defensores Elsa Tracy Dunigan y César Fariz.
La mujer de 46 años que la noche del sábado fue agredida por los perros presenció la audiencia, y tras escuchar la resolución señaló: «Me siento más tranquila, pero esta batalla no terminó porque hay una criatura que está peleando por su vida. Ahora esperamos que mi nieta salga de ese hospital, es lo que más queremos en este momento». Se informó que la beba de 13 meses continúa en terapia intensiva, con asistencia respiratoria.
«Aceptando las consecuencias»
«Normalmente, por este tipo de delitos no pedimos prisión preventiva, pero es un caso muy específico», manifestó el fiscal De Pedro, «planteamos los muy graves resultados en la mujer atacada y en la nieta, entendemos que hubo compromiso de vida en ambos casos. Mordidas en todo el cuerpo de la abuela, protegiendo a su nieta, también en la menor, un compromiso pulmonar y torácico muy importante, está peleando por su vida todavía».
Además, se tuvo en cuenta que si bien los canes «atacaron a la mujer y a su nieta de 1 año, corrió riesgo otra nieta más, de 8 años, que iba con ellas y logró salvarse milagrosamente porque los perros se concentraron en su abuela». Esto, sumando a que «había otros chicos jugando» en la vereda de enfrente.
El fiscal expuso que los canes habían atacado y asesinado a otros perros y gatos, situación que los vecinos hicieron conocer a su dueño en reiteradas oportunidades. Además habían atacado a personas, entre las que se encuentran la esposa y una sobrina del imputado. De las declaraciones de familiares, vecinos y el personal que intervino en el secuestro de los animales surgió que «los perros sólo le responden a él».
Por esto, a Soloaga se le endilgó que «siendo consciente del alto riesgo de graves consecuencias que significaba que salieran a la vía pública sin adecuada supervisión suya y elementos de seguridad, y aceptando, resignándose y/o siendo indiferente ante las muy previsibles consecuencias dañosas que pudieran ocurrir», dejó a los perros en el jardín del frente de su casa con la puerta abierta. Desde allí salieron a atacar a la abuela que había salido a hacer mandados con sus nietas.
Comisión por omisión
«Se encuentra corroborado que el imputado es el dueño de los animales y único encargado de la custodia de los mismos», señaló el juez Urdiales al momento de resolver. Del análisis del accionar de Soloaga, el magistrado determinó que existe la posibilidad de que los delitos imputados acepten la comisión por omisión: «el imputado era la única persona que tenía a su posibilidad evitar ese ataque mortal. De acuerdo a las declaraciones de los vecinos y su entorno familiar, estaba únicamente en cabeza de él la posibilidad de evitar este resultado».
A esto, se suman dos cuestiones. Primero, «que fue advertido muchas veces, no sólo por vecinos sino por los resultados que habían causado los perros» al morder a sus propios familiares. En segundo lugar, «que tenía un total desinterés por cumplir las normas que regulan la tenencia responsable de estos animales. No tenían ni siquiera las vacunas, mucho menos la inscripción» requerida por la legislación actual para «perros peligrosos».
A pesar de que esa noche los testigos señalan que Soloaga se encontraba en un estado de embriaguez, la realidad es que el imputado «es una persona capaz, que ha tenido los animales por mucho tiempo, ha tenido la posibilidad y ha sido advertido de inscribirlos como raza peligrosa, de vacunarlos, de modificar su vivienda para que tengan una alta protección y en su caso pedir ayuda, y todo esto no lo ha hecho».
«Con esta recopilación de evidencias y análisis de dolo, estoy de acuerdo con las calificaciones legales adoptadas», concluyó el juez, que además indicó que debido al daño causado y a la actitud del imputado frente al hecho, la pena se despegará del mínimo legal -que para el caso es de 3 años de prisión, siendo el máximo 16-.
En cuanto a los riesgos procesales, «encuentro acreditado el de entorpecimiento probatorio» ya que «nos encontramos frente a un individuo que está lejos de acatar los mandatos judiciales y las normas en particular», y además teniendo en cuenta que todos los testigos son vecinos.
A eso, el Dr. Urdiales agregó que «el criterio que siempre he sostenido es que cuando una víctima, más en este caso que es vulnerable por ser una menor de tan corta edad, lucha por su vida, no me parece que sea un mensaje para la sociedad que el imputado recupere la libertad cuando aún no están claras las consecuencias del delito. Es totalmente perjudicial tanto para el entorno familiar de la niña como para la víctima adulta». Por todo lo señalado, dispuso la prisión preventiva sin plazos.
