Su performance electoral permitiría incrementar el peso de los libertarios en el Congreso. Pero si llega a ser presidente no tendrá mayoría en ninguna de las Cámaras, necesaria para las principales reformas que propone. Advirtió que convocará a plebiscitos, y podría usar decretos. Cuáles son los límites y riesgos.
El resultado electoral de las elecciones presidenciales de octubre, y la posibilidad de que el candidato más votado en las primarias, Javier Milei, se convierta en el titular del Poder Ejecutivo Nacional, permanecen en el terreno de las hipótesis. Y al respecto, forman parte de ellas la manera en que se comportará el electorado que en las PASO votó por él, el que no lo votó, y el «tercer tercio» de ese cuerpo, que se abstuvo.
Sin embargo, ese nivel de incertidumbre contiene algunas certezas: es matemáticamente imposible que La Libertad Avanza consiga alzarse con la mayoría en alguna de las cámaras legislativas. Y como muchas de las principales reformas que propone Javier Milei (Banco Central, reformas laborales, Código Penal, aborto legal, defensa, Servicio Penitenciario) requerirían el apoyo del Congreso, eso se choca con su viabilidad. Y he aquí el talón de Aquiles del disruptivo proyecto del candidato, y también el principal argumento disuasivo de sus rivales electorales.
Aún si no solo retiene, sino que mejora el porcentaje de votos obtenidos en las PASO, Milei podría contra como máximo con 9 de 72 senadores y unos 40 diputados sobre 257. Ni siquiera le alcanzaría para forzar el debate, porque no tendrá quórum propio (que es de 37 senadores y 129 diputados, según el caso).
Caminos
Frente a ese dilema, la primera respuesta podría estar encaminada a generar las mayorías necesarias a través de acuerdos y gestión de consensos con otras fuerzas políticas; lo que podría resultar extremadamente complejo, pero no imposible.
Pero la salida que ensayó hasta ahora Milei al ser consultado sobre este punto es otra: frente a un Congreso adverso o reticente a acompañar sus iniciativas, someterá las cuestiones que requieran acompañamiento parlamentario al criterio de la ciudadanía, pidiéndole que se expida a través de un plebiscito.
Se trata de un mecanismo previsto por la Constitución, dentro de las herramientos de la democracia semi-directa, y puede ser convocado por el Poder Ejecutivo. Pero su efecto es simplemente consultivo: no es obligatorio ir a votar y tampoco obedecer al resultado. En todo caso, sí podrá servir para operar como una presión sobre los legisladores. Para que la consulta sea vinculante, tiene que pedirla el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, en sesión especial y por mayoría absoluta. Lo cual vuelve a llevar la cuestion al punto de inicio.
En los últimos días, Milei incluso señaló que plebiscitaría la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ya aprobada. Aseguró que someterá la cuestión a votación popular, y en caso de que la mayoría esté en contra, dejará la ley sin efecto. Pero como es obvio, a ésto solo lo puede hacer el Congreso de la Nación.
Límites
Hay otro impedimento más, que son los límites que pone la propia Constitución para llevar a cabo una consulta popular. No puede ser sobre materia penal, ni tampoco las que requieren mayorías especiales. O las que son facultad propia de alguna de las Cámaras: cuestiones tributarias en Diputados, y de coparticipación en el Senado.
La última herramienta disponible para destrabar este dilema es utilizar el Decreto de Necesidad y Urgencia, controvertido instituto al que algunos presidentes han ignorado (sobre todo si contaban con un Congreso básicamente refrendatario) y del que otros abusaron. Pero que también tiene límites categóricos en la Constitución: no se los puede usar para regular cuestiones penales, tributarias, electorales o sobre partidos políticos.
El dilema irresuelto se convierte así ya no solo en una traba operativa concreta, sino en la antesala de lo que podría suponer un severo riesgo para las instituciones democráticas, en caso de que Milei optase por seguir avanzando a pesar de todo.
Encrucijadas
Así lo planteó en el curso de la semana que termina el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, para quien algunas de las propuestas de Milei, como eliminar el Banco Central, dolarizar la economía y plebiscitar la vigencia de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, promueven el «descarte» de la Constitución Nacional.
Específicamente, Gil Domínguez criticó la intención de «plebiscitar» la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque vulnera los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional.
Agregó que tampoco, tal como propone, se puede imponer el dólar como moneda de curso legal «porque es potestad del Congreso de la Nación fijar su valor y defenderla. Desde el punto de vista constitucional, la dolarización es inviable. Es como reemplazar la bandera argentina por la norteamericana», explicó.
Todas ellas cuestiones no menores, considerando que el candidato que las propone obtuvo el voto de más del 30 % del electorado. Y que asumirán una importancia trascendental y definitoria, en caso de que, como está dentro de las posibilidades, la voluntad de la ciudadanía argentina sea ungirlo para estar al frente del gobierno nacional.
