Está claro que no existe la «colectoracia» sino las colectas vía influencers para tapar agujeros impresentables en la gestión. Pero Maratea hace lo que al influencer más famoso de Independiente (el Kun Agüero) no se le había ocurrido y la AFIP empieza a mirar con detenimiento.
Primero lo que a todos importa: al cierre de ésta nota la cruzada de Maratea acumulaba aportes de hinchas del rojo, técnicos y jugadores pasados y actuales, solidarios sueltos y algunos bromistas (hinchas de Racing que aportaban $35, pero sumaron) por un total de 530 millones de pesos y contando, algo sí como u$s 2.300 millones equivalentes a la cotización del dólar oficial, vigente al cierre del viernes 29. Porque claro, los aportes son en pesos pero las deudas que contrajo Independiente son en dólares y por un total de U$S 20 millones, 5,7 de los cuales servirían para pagar al primer beneficiario del fideicomiso: el América de México y levantar la sanción que la FIFA impuso sobre uno de los cinco grandes de la Argentina, hoy gestionado por una Comisión provisoria “sin capacidad económica ni financiera” para responder a una deuda que conocían antes de asumir y “abandonados por supuestos aportantes premium”, pero que ahora podrán lavar sus conciencias (si la tienen, si les pesa) transfiriendo sumas importantes a la cuenta que creó y administra el segundo influencer más importante del rojo, después del Kun.
Tampoco está claro para la AFIP si el fideicomiso (del latín “fiducia” que significa fé, fé en Maratea básicamente) que idearon Santi y Santoro cumple con todos los requisitos que exige la Ley 25.248 de Entidades Deportivas que los regula desde el año 2000; es decir si hay un contador, un abogado y un experto en administración deportiva asesorándolos de manera obligada y cómo se tomarán las decisiones (mayorías simples para el caso) para ir saldando deudas en función de algún orden de prelación y sometidos a aprobación judicial previa.
Mientras se siguen sumando aportes legales, la AFIP confirmó que le pedirá el listado al fiduciario (Maratea) de quienes aportaran más de $200.000, lo que no implica una “intromisión ilegal e inexplicable” u “otra acción confiscatoria del estalinismo que odia el libre flujo de capitales” como ya vocean les fans de echarle la culpa a la casta, no a la casta que conforma el 1% de los ricos del mundo (y que controlan el 82% de las riquezas según Forbes), ni los 50 apellidos de argentinos que declarando el 50% de su patrimonio acumulan más de $70.000 millones (entre los cuales hay ex patrones y aportantes de campaña de Javier Milei), sino la casta del Estado.
El chequeo exhaustivo de las condiciones que reúne el fideicomiso destinado a resolver, en principio, la inhibición para operar en el mercado de pases (a éste ritmo en menos de una semana deberían lograrlo), es una operatoria regular de la AFIP sobre bancos y otros proveedores de pago (como Mercado Libre a través de Mercado Pago) y la verificación de la identidad y los montos elevados de sus aportantes es esencial y lógica, no tanto para detectar el lavado de activos o condicionar las finalidades del dinero recaudado, sino para garantizar la validez de sus orígenes y afinar sus listados sobre contribuyentes.
Si es por aportantes truchos, hay otras formas “a la vista” de fraguar generosidades, como la que hace pocos días fue confirmada por la Cámara Nacional Electoral, que ratificó la resolución del Juez Ramos Padilla, sobre las maniobras violatorias de la Ley Electoral de Cambiemos en la elección de 2017 para la Provincia de Buenos Aires, donde la presidenta del PRO era la gobernadora María Eugenia Vidal.
