Desde allí se hizo tanto el «hackeo» a funcionarios porteños, como la gestión de líneas a nombre de miembros de la Corte. La secuencia, y las conexiones con la vulneración de declaraciones juradas.
El organismo judicial encargado de investigar distintas maniobras que podrían estar encuadrada en el delito de espionaje ilegal, contra jueces y funcionarios porteños, encontró un punto de referencia común: la provincia de Misiones. La siguiente etapa es seguir «la ruta del dinero» para establecer quién las encomendó y pagó por ellas.
A continuación se expone la secuencia de los hechos conocidos, y que ahora son parte de la investigación judicial. Y algunas coincidencias de fechas y nombres que, sin mengüar la gravedad de los hechos investigados, resultan cuanto menos sugestivas.
Chats filtrados.– El punto de partida fue la filtración, inicialmente a través del sitio «El cohete a la luna», de Horacio Vertbisky, de supuestos chats en los que jueces federales, un fiscal, el secretario de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, ex miembros de Inteligencia y empresarios periodísticos buscaban tapar un viaje que habían compartido a Lago Escondido, invitados por el millonario inglés Joe Lewis. Según los mensajes filtrados, lo hicieron incluso falsificando pruebas en la Justicia.
Los chats se conocieron en diciembre, unos tres días antes de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dé su veredicto en la causa «Vialidad», donde los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu condenaron a la vicepresidenta a 6 años de prisión al declararla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló en cadena nacional para referirse a los chats en cuestión.
Más filtraciones.– Un mes después de la difusión de los supuestos chats, se divulgaron otras presuntas conversaciones de D’Alessandro con el vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, Silvio Robles; la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani; y el titular de una empresa de acarreo contratada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Líneas duplicadas.– El pasado 29 de marzo, Rosatti denunció penalmente que le aparecieron cuatro líneas telefónicas a su nombre. El juez del máximo tribunal se enteró casi por casualidad: llegaron a su casa de Santa Fe reclamos de la empresa de telefonía exigiendo el pago. Las boletas venían de la empresa Personal, una firma de la que ni siquiera es cliente.
El avance de la investigación determinó que las líneas fueron abiertas en Misiones, el 20 de diciembre. Es decir, un día antes de que la Corte Suprema de Justicia firmara el fallo por la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires. Y que desde una de las líneas abiertas a nombre de Rosatti, se gestionó otra a nombre del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y que también fue objeto de la maniobra Ricardo Lorenzetti.
El otro capítulo del espionaje sobre los celulares de los jueces también tiene su origen en Misiones e incluye los teléfonos de los exministros de Seguridad porteños Marcelo D’Alessandro y Diego Santilli. Los jueces cuyas líneas telefónicas fueron clonadas son dos de los que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad: Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Pero también fueron afectados los jueces de la Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y el fiscal Ignacio Mahiques, coautor junto con Gerardo Pollicita de la investigación contra Cristina Kirchner y sus hijos en el caso Hotesur.
El hacker misionero.– En todos estos casos actuó el hacker misionero de Eldorado Elías Ezequiel Nuñez Pinheiro, de 22 años, quien admitió ante la Justicia que le encomendaron realizar un SIM swap: duplicar la tarjeta SIM del móvil y, a través de ella, robarles la identidad. Cuando se duplica una tarjeta SIM, deja de funcionar la línea y todas las llamadas, mensajes y línea de datos pasan al duplicado. Desde allí se recuperaron las conversaciones de Telegram de los hackeados. Se conocieron las de D’Alessandro, algunas reales y otras que denunció que fueron «fabricadas» ad hoc.
Declaraciones vulneradas.– Los hackeos y líneas telefónicas encargadas a nombre de los jueces de la Corte se dieron meses despuées de que se descubrió un robo a gran escala de las declaraciones juradas de bienes de jueces federales en el Consejo de la Magistratura. El 21 de junio, se supo que 82 declaraciones juradas desaparecieron. Otros 277 documentos fueron abiertos, sin que los investigadores hallaran constancias que justificaran esas consultas.
Se llevaron la parte de los datos reservados de las declaraciones juradas de los jueces con información sobre sus cuentas, saldos, nombre de sus hijos y domicilios particulares, por ejemplo. Entre esas declaraciones estaban las de los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, y las de los jueces del tribunal oral que juzgaba a Cristina Kirchner: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los dos últimos también fueron hackeados.
La «ruta del dinero»
Con estos elementos, la causa se encamina a desandar la «ruta del dinero» para determinar quién diseñó y financió las operaciones.
Una de las hipótesis de la investigación es que intentaron crear una línea a nombre de Rosatti para, desde allí, simular conversaciones y chats falsos que expusieran maniobras ilegales del presidente de la Corte que nunca existieron, con el objetivo de desprestigiarlo.
Pero, a los investigadores no les cierra que si alguien pretendía prefabricar chats comprometedores en una línea falsa atribuida a Rosatti hubiera dado como domicilio de facturación la casa del propio juez.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), un organismo que depende de la propia Corte Suprema y que recientemente renovó sus autoridades, busca establecer qué actividad tuvieron esas líneas: llamados, mensajes de texto, chats por distintas plataformas, incluso actividad comercial, ante la eventualidad de que hubieran sido utilizadas para estafas ordinarias.
En el caso de D´Alessandro y Santilli, lo que se investiga es diferente: un joven de 22 años oriundo de Misiones reconoció haberles intrusado sus líneas, junto con las de jueces –algunos que intervinieron en causas por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner- y otros personajes políticos vinculados con el oficialismo.
La fiscal especializada en delitos informáticos de la Justicia porteña, Daniela Dupuy, llegó hasta Elías Ezequiel Núñez Pinheiro, residente en la localidad de Eldorado, quien admitió que lo había contratado un desconocido que lo contactó por el programa Telegram y le pagó entre 12 mil y 15 mil pesos por cada hackeo, unos 15 en total. Entre esos 15, pese a que no trascendió públicamente, figuraban funcionarios de relieve del actual Gobierno Nacional.
La investigación parece centrada ahora en reconstruir la ruta de los pagos, realizados en criptomonedas. Como es habitual en este tipo de operaciones, la trazabilidad es dificultosa, pues aparecen nombres de personas que jamás supieron que tenían cuentas por las que pasó el dinero hasta llegar al destinatario final.
En ese camino hay pistas que conducen desde bancos virtuales a personas indigentes, reparticiones oficiales e incluso organismos descentralizados del Ministerio Público Fiscal.
