La decana de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se refirió al proyecto legislativo enfocado en las personas mayores, apoyado por todos los bloques. Y las iniciativas de la casa de estudios que apuntan a las necesidades de la comunidad.
La presentación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley de capacitación obligatoria en la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores se enmarca en el Proyecto Institucional de la Facultad: «Personas Mayores: Derechos y Políticas para un buen envejecer», dentro del que se viene trabajando diversas iniciativas.
La propuesta que busca generar un espacio de diálogo y construcción de conocimiento en torno a las problemáticas que atraviesa ese sector de la población. El proyecto de ley recogió la adhesión de todas las bancadas y se convirtió en una muestra concreta de lo que la Universidad puede otorgar como insumo a la comunidad, y también de la importancia de que determinadas temáticas puedan abordarse por encima de la «grieta» política.
Así lo ve la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Claudia Levin, con referencia a la iniciativa impulsada por el diputado Juan Martín («uno de nuestros graduados»), que se nutre con el trabajo interdisciplinario de distintas áreas del espacio académico. Y que se basa en advertir, en primer término, que «no hay una sola vejez: hay vejeces. No todas requieren de cuidados, pero sí de una política de respeto a los derechos, y además de políticas para incluir a todas las personas en esta sociedad».
La exclusión, precisamente, está en la matriz de toda discriminación, «que es como generar un otro para sentir que uno pertenece a lo que hipotéticamente está bien», define Levin en diálogo con El Litoral. Y aplica en distintos momentos y lugares a cuestiones de género, diversidad sexual, creencias religiosas o aspecto físico, pero que «a medida que conductas que tenemos naturalizadas se van visibilizando como discriminatorias, ya no las repetimos; incluso se va volviendo políticamente incorrecto reproducirlas. Lo que no es algo menor, porque las nuevas generaciones ya no lo escuchan, entonces no se normaliza».
En el caso de las personas mayores, si bien esas conductas «participan de la matriz común a toda forma de discriminación, este colectivo tiene ciertas particularidades. Es la única condición universal: todos somos o seremos personas mayores, a diferencia del resto de otros colectivos discriminados (no todos somos o seremos mujeres, afrodescendientes, etc.). Finalmente, es una discriminación hacia nosotros mismos. Y esas conductas muchas veces parten de una intención de cuidado, de protección; pero aun así significan avanzar sobre los derechos de otra persona. A la que, por el solo hecho de haber cumplido años, se los infantiliza, se los encuadra en un estereotipo. A menudo se llama «abuelas o abuelos», a quienes, a pesar de sus saberes, experiencias, expertisse, se los reduce a un rol, que, además, tal vez ni posean.
«Se debe poner en el centro el objetivo de pensar una sociedad para todas las personas. Pensemos por ejemplo en las barreras que muchas veces significa la tecnología como único acceso a ciertos servicios. No todas las personas mayores están ‘cercanos’ a la tecnología, no se trata de un colectivo nativo digital, ni mucho menos. Si una persona necesita auxilio hasta para pedir un delivery o un taxi, porque el único medio para comunicarte es una app se genera exclusión o dependencia. Eso genera perdida de autonomía, por tanto, vulnerabilidad y finalmente pérdida de derechos. Por eso nosotros planteamos que tiene que haber una vía de comunicación al menos para las áreas sensibles, que se tiene que garantizar o la vía telefónica o personal.
– Lo que no quita facilitar la capacitación…
– Claro. Pero mientras trabajamos en la alfabetización tecnológica, en la capacitación de todas las personas (no sólo los mayores), tenemos que garantizar siempre la posibilidad de que no haya barreras tecnológicas. La tecnología es una herramienta, no puede ser una barrera. Y sobre todo, no puede propiciar la pérdida de derechos, con el estereotipo, con la dependencia, con la vulnerabilidad. Si uno necesita ayuda con el home banking, se produce una infantilización y termina teniendo que dar explicaciones o sufriendo reconvenciones o límites para usar su propio dinero. Y ojo que el cuidado es un derecho, pero no puede ser que quien asista tenga el poder de decisión sobre lo que es nuestro.
– ¿Cuál es el abordaje que propicia el proyecto?
– En primer lugar, formar profesionales que conozcan cuáles son los derechos de la ciudadanía y que estén dispuestos a defenderlos. Y a la vez, interactuar con la sociedad para que esos derechos sean respetados, a través de convenios con distintas instituciones y empresas, por ejemplo de servicios. Por otra parte, la capacitación para los agentes del Estado, así como fue en su momento con la ley Micaela. Esto lo trajo en principio un graduado nuestro que trabaja en ese proyecto, que es el diputado Juan Martín, y los equipos de técnicos de la facultad, de las carreras de Derecho y Servicios Sociales lo trabajaron, y se presentó con el apoyo de todos los bloques.
– Trascendió la grieta política, que en este momento traba muchas iniciativas…
– ¡Por favor! Yo no solo respeto la política, sino que la valoro. Está en mi formación y en mi concepción de la sociedad. Pero hay cuestiones de Estado, y la buena política es la construcción de políticas públicas. Y en esto me parece que en la Universidad tenemos que estar al servicio de generar insumos. Porque tenemos los recursos para hacerlo. La formación universitaria no tiene que ser algo endogámico: está dentro de la sociedad, es para la sociedad. Está para generar profesionales que estén conscientes de las necesidades de la sociedad y sepan cómo abordarlas, pero también para interactuar con el mundo. No para quedarnos encerrados en esta manzana.
Vinculación
– Esta idea de sostener vínculos con la comunidad también se aplica al plano de las agencias internacionales, en lo que ha acumulado experiencia en los últimos años.
– Sí. Yo empecé ejerciendo la profesión, de manera liberal, pero nunca me fui de la Universidad. Incluso después, cuando estuve más de 20 años en el Poder Judicial de la Nación. Me tocó fundar la Escuela Judicial, en la ciudad de Buenos Aires. Y la primera delegación en el interior, y durante mucho tiempo la única, fue aquí en Santa Fe. Fui secretaria académica de la Escuela Judicial, y ahí empezamos a trabajar en las instancias internacionales. Al punto que hemos conducido la capacitación de los jueces para Iberoamérica, por elección de todos los países. Personalmente he sido evaluadora internacional en Colombia, España, Uruguay…, también como coordinadora de la Cumbre Judicial Iberoamericana y Consultora de la Universidad de Georgetown en materia de capacitación Judicial.
